Han sido infinitos los intentos por parte de España para que cada vez más la UE se preocupe por legislar de manera contundente una política común de inmigración, y así hacer ver a la UE el problema que representa la inmigración ilegal por parte del trato que reciben éstos por los empresarios.
Y ha tenido que ser la crisis económica y el aumento del paro los que han dado el último empujón a la UE para endurecer las penas contra los empresarios que contraten a inmigrantes sin documentos.
La directiva del Consejo de ministros europeo ha sido aprobada por el Parlamento Europeo, y que contiene las siguientes disposiciones:
- Obligará a los Estados a fijar sanciones penales a los empleadores que den trabajo a inmigrantes sin papeles en determinadas circunstancias de explotación y abuso.
- Los empresarios serán excluidos de las ayudas públicas y subsidios, incluidas las subvenciones de la Unión, durante el plazo de cinco años, según la propuesta.
- La obligación de pagar los salarios y las cotizaciones sociales atrasadas según las condiciones legales.
Será competencia de los Estados determinar los supuestos en que se incurrirá en penas de prisión. La directiva entrará en vigor en el plazo de dos años.
Según la Comisión, unos ocho millones de trabajadores sin papeles se encuentran en situación irregular en Europa, principalmente en los sectores de la construcción, agricultura, hostelería y servicios.
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