LA DIRECTIVA DE SERVICIOS:

En el marco de la consolidación de un mercado común europeo, era necesario crear un auténtico mercado interior de servicios. Para ello esta directiva propone cuatro objetivos principales para conseguirlo:

1. facilitar la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicios en la UE;
   
2. reforzar los derechos de los destinatarios de los servicios en su calidad de usuarios de dichos servicios;
   
3. fomentar la calidad de los servicios;
   
4. establecer una cooperación administrativa efectiva entre los Estados miembros.
   

Solbes asegura que el objetivo de la directiva es crear un entorno regulador más favorable y transparente para desarrollar actividades de servicios a nivel comunitario "reduciendo las trabas y los obstáculos que restrinjan injustificadamente la puesta en marcha de actividades de servicios". Ya que la Directiva prevé:

• la creación de ventanillas únicas en las que un prestador podrá realizar todos los trámites necesarios para ejercer su actividad;


• la obligación de posibilitar la realización de estos procedimientos por vía electrónica.

La trasposición de la directiva de servicios europea debe producirse en 2009 y el ministro de Economía explicó que, en el caso español es mucho más que una mera trasposición ya que en España supone revisar 80 leyes estatales y más de 370 reales decretos.
Según María Teresa Fernández de la Vega ayudará a mejorar el crecimiento y la competitividad de la economía española teniendo en cuenta el peso del sector servicios en el PIB español (actualmente del 66,7%).

Solbes explicó que la directiva contribuirá "reforzando los derechos y protección de los consumidores, modernizando la economía y facilitando la vida de los ciudadanos, con todos los beneficios para el empleo y la productividad que esto supone".

Entre las novedades se encuentran la garantía de la calidad de la prestación a través del refuerzo de los servicios de inspección y control, ya que se prevé reducir a un mes el plazo máximo para dar respuesta a las reclamaciones presentadas por los consumidores.

La normativa afecta a prácticamente todos los sectores (desde establecimientos comerciales hasta entidades culturales pasando por servicios de reparación), y deja fuera a otros muy específicos que ya cuentan con sus propias directivas a nivel europeo (financiero, transporte, telecomunicaciones, audiovisuales) o a actividades como sanidad, servicios sociales o empresas de trabajo temporal.